Revolución Bolivariana en Venezuela
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Hugo Chávez Presidencia La «revolución bolivariana» (Historia)
De inmediato reiteró su anuncio, ya emitido al conocer su triunfo electoral dos meses antes, de convocar un referéndum que decidiría sobre la creación de una asamblea de carácter constituyente. Asimismo, solicitó al Congreso poderes legislativos especiales para solucionar la crisis económica. El 25 de abril de ese año tuvo lugar dicho plebiscito, que, pese a registrar una abstención superior al 60%, aprobó mayoritariamente la convocatoria de la Asamblea Constituyente que debería reformar la Constitución de 1961 y permitir la transformación del sistema político venezolano mediante la instauración de un nuevo marco institucional. En los comicios a la Asamblea Constituyente, celebrados el 25 de julio siguiente y que registraron una abstención cercana al 53%, los seguidores de Chávez (pertenecientes al Polo Patriótico) lograron una amplísima mayoría que les permitió ocupar 120 de los 131 escaños electos. El 11 de agosto juró de nuevo como presidente de la República, esta vez ante la nueva Asamblea Constituyente, que le acababa de confirmar en el cargo. Ésta aprobó al día siguiente su primer decreto ejecutivo, el cual, superando el origen meramente constitucional de la Asamblea, decía: «en razón de la emergencia nacional existente en el país…, se declara la reorganización de todos los órganos del poder público».
El constitucionalismo venezolano quedó profundamente modificado con la nueva Constitución impulsada por Chávez, aprobada por la Asamblea y ratificada por medio de un referéndum celebrado el 15 de diciembre con el 71,9% de los votos emitidos, si bien la participación no llegó al 46%. La Constitución no sólo cambió el nombre del país (que pasó a llamarse desde su entrada en vigor República Bolivariana de Venezuela) sino que reforzó el poder presidencial, entre otras medidas significativas, como el mayor control estatal de la actividad económica o el de los medios de comunicación.
El 25 de mayo de 2000, el Tribunal Supremo de Justicia aplazó por falta de condiciones técnicas, sin fijar fecha, las elecciones que deberían de celebrarse tres días más tarde y que habrían de haber dilucidado entre otros cargos la presidencia de la República. Dichos comicios tuvieron lugar finalmente el 30 de julio de ese mismo año y supusieron la reelección presidencial de Chávez (que logró más del 55% de los votos emitidos y derrotó a su ex compañero en la fundación del MBR-200, Francisco Arias Cárdenas) y la victoria por mayoría absoluta de su coalición, el Polo Patriótico, en las elecciones para la formación de la Asamblea Nacional. Juró su cargo el 19 de agosto siguiente y afrontó desde entonces una nueva etapa de la «revolución bolivariana», en la que pretendía abordar una profunda transformación de las estructuras económicas y sociales del país.
Para ello, y pese a su mayoría en la cámara, solicitó de nuevo a ésta poderes legislativos especiales. El 7 de noviembre de 2000, tras aprobar la denominada Ley de Habilitación, la Asamblea Nacional le autorizó para legislar por decreto durante un año en materias económica, social y de administración pública. Por lo que se refiere a su política exterior, durante esta nueva etapa Chávez pretendió dar un nuevo impulso a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y para ello visitó las capitales de sus estados miembros. En este contexto internacional, también fue destacable el acuerdo integral de cooperación entre Venezuela y Cuba, firmado en el mes de octubre de 2000 y que incluía la venta de crudo venezolano a Cuba en condiciones de preferencia.
En noviembre de 2001, su gobierno aprobó 49 decretos ley de carácter económico que generaron fuertes protestas por parte del sector empresarial. Éste consideró antidemocrática la actitud presidencial, y anticonstitucional dicho paquete legislativo (por entender que vulneraba el derecho a la propiedad privada). Entre las más polémicas de aquellas leyes se encontraban la Ley Orgánica de Hidrocarburos (que incrementaba al 30% la tributación de los inversores exteriores en las actividades de extracción petrolífera, y fijaba en el 51% la participación mínima del Estado en sociedades mixtas de este sector) y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (que permitía expropiar latifundios). La Federación de Cámaras (Fedecámaras) de Comercio y Producción convocó un paro nacional de 12 horas para el día 10 de diciembre, acción que fue respaldada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV, que valoró que se alteraría la creación de empleo al penalizar las inversiones) y los trabajadores de la Administración (otra de las disposiciones regulaba la función pública).
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