Constitución de 1999 en Venezuela
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Constitucionalismo venezolano La constitución de 1999 (Historia)
Chávez había obtenido una arrolladora victoria en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998, y convocó de inmediato un referéndum que el 25 de abril del año siguiente decidió sobre la creación de una asamblea de carácter constituyente con el objeto de transformar el sistema político venezolano mediante la instauración de un nuevo marco institucional. La Asamblea Constituyente fue elegida tres meses después, y la coalición presidencial, el Polo Patriótico, logró una mayoría que la llevó a ocupar 120 de los 131 escaños electos. La nueva Constitución impulsada por Chávez pudo ser aprobada por la Asamblea antes de final de año y resultó ratificada con el 71,9% de los votos emitidos por medio de un referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1999, si bien la participación no llegó al 46%.
La nueva Constitución, integrada por un preámbulo, 9 títulos, compuestos a su vez por 350 artículos, así como por 18 disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final, cambió el nombre del país, que pasó a llamarse desde su entrada en vigor, el 20 de diciembre de 1999, República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, proclamó que su principal objetivo sería «refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado». Pero su principal característica es el reforzamiento del poder presidencial, cuyo mandato prolonga a seis años al tiempo que permite una única reelección consecutiva. En esa línea, recupera la figura del vicepresidente. La Constitución añade a los tres poderes clásicos del constitucionalismo (ejecutivo, legislativo y judicial) el denominado poder ciudadano, ejercido por medio de la actividad electoral. Eliminado el Senado, el poder legislativo recae en una única cámara, la Asamblea Nacional, que, elegida por sufragio universal, representa proporcionalmente a la población. Dicha cámara puede ser disuelta por el presidente si en una misma legislatura rechaza a tres de sus vicepresidentes.
En el orden económico, además de la potestad de la Asamblea Nacional a la hora de ejercer el control parlamentario del Banco Central, la Constitución garantiza las pensiones, la sanidad y la educación de todos los ciudadanos, fija la semana laboral en 44 horas y, entre otras medidas, permite al Estado proteger la producción nacional. En cuanto al ordenamiento judicial, la Suprema Corte de Justicia es sustituida por el Tribunal Supremo de Justicia, que cuenta con una sala cuyo objeto es la interpretación de la propia Constitución. Finalmente cabe destacar la obligación constitucional que tienen los medios de comunicación de dar una información «oportuna, veraz e imparcial», así como el reconocimiento explícito de los derechos de los indígenas a su propia cultura, lengua y a su territorio.
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